(del diario Gara)
El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa ha dado la razón a SEO/Birdlife y a la Coordinadora Monte Alduide y ha pronunciado una sentencia favorable a la paralización del proyecto minero que la empresa Magna tenía en Zilbeti.
El TSJN ha emitido una sentencia de paralización del proyecto minero que la empresa Magnesitas de Navarra (MAGNA) tenía en el hayedo de Zilbeti para explotar a cielo abierto, en el paraje de Antzeri, en Monte Alduide. El delegado de SEO/Birdlife, Ramon Elósegui, remarca que «Zilbeti era la puerta que abría los Pirineos a la minería, o como ha sido, que la cerraba».
Se trata de un proyecto que contaba con el beneplácito del anterior Gobierno de Nafarroa y el actual podría recurrir la sentencia, pero Elósegui no cree que esto se vaya a producir: «La sentencia es clara y el Gobierno, otro». Recuerda que el anterior Ejecutivo tardó cerca de un año en entregar un informe solicitado por el tribunal. «El informe era negativo y nosotros sabíamos que lo tenían, pero no querían hacerlo público». Ello pese a que en el año 2000 fue el propio Gobierno navarro el que incluyó Monte Alduide entre los 42 espacios del herrialde susceptibles de fomar parte de la Red Natura 2000.
La sentencia apunta que el proyecto minero afecta a la integridad de Monte Alduide, extremo que negaba Magna apuntando que solo afectaba a 200 de las 9.000 hectáreas. «Es como si te arrancan un ojo y dicen que no pasa nada porque no afecta a la integridad del cuerpo». Asimismo, el hayedo se encuentra en zona protegida europea, y la coordinadora y SEO/Birdlife subrayaron que la cantera no respetaba la protección.
La historia comenzó en 2007, cuando Magna anuncia el agotamiento de la mina de Azkarate. La empresa encontró buen mineral en Erdiz, donde se topó con una fuerte movilización social que impidió la puesta en marcha del proyecto y la empresa minera trasladó sus intenciones a Zilbeti, donde también ha habido grandes acciones de protesta como la recreación a tamaño gigante del ‘Guernica’. En aquel momento ya se presentó una alegación, pero el Gobierno del entonces presidente Miguel Sanz la rechazó. Así, pese a que en 2005 se había declarado Zona de Especial Conversación y que existían dichos informes de impacto ambiental.