PROYECTO CASTOR: EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y EL GOBIERNO ESPAÑOL PRESIONADOS POR LA DEUDA
Coincidiendo con la publicación del informe que confirma los riesgos sísmicos del proyecto, organizaciones a nivel estatal y europeo exigen reacciones al BEI por su financiación.
El informe que confirma la relación directa entre la inyección de gas y los terremotos ocasionados el pasado mes de septiembre en la zona del Proyecto Castor, ha activado las alarmas sobre qué pasará finalmente con la deuda generada por el este proyecto de almacenamiento submarino de gas natural. La cláusula 14 de la concesión del proyecto obliga a la retribución, por parte del Estado , sobre el valor de las instalaciones si la plataforma no se vuelve a abrir. La falta de reacción del Gobierno español y el acercamiento de la fecha límite para la puesta en marcha del proyecto presionan también la esfera política y financiera a nivel europeo, en concreto el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que facilitó la emisión de bonos del proyecto por valor de más de 1400 millones de euros y aportó 500 millones a su financiación (300 millones de euros a través de la compra de bonos y 200 millones a través de una línea de liquidez para la operación financiera).
El pasado mes de Octubre, organizaciones de la sociedad civil a nivel del Estado español como la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, abrieron una vía de presión europea con el envío de una carta abierta al BEI y a la Comisión Europea por su apoyo al proyecto. Ante la insuficiente respuesta recibida, las organizaciones han enviado una segunda carta, esta vez firmada también por organizaciones del ámbito europeo, en la que denuncian el mecanismo financiero de los Project Bonds con el que se hizo posible la refinanciación del proyecto: «lejos de permitir una gestión responsable del bien común mediante el apoyo del público, se propone una dinámica en la que desde la esfera pública se debe pagar por un bien privado cuya utilidad es altamente cuestionable». Reclaman que el BEI se responsabilice de los proyectos que financia, argumentando que la responsabilidad financiera no puede separarse de la responsabilidad técnica.
La carta de denuncia hace referencia a los riesgos sísmicos , a la falta de participación pública informada y a la inviabilidad económica del proyecto. También se explica que teniendo en cuenta el prospecto de la emisión de bonos del proyecto, hay «riesgo de que esta inviabilidad aflore más que nunca si ESCAL UGS no cumple la fecha límite para la puesta en marcha de las instalaciones (30 de noviembre de 2014) y los bonos tienen que ser liquidados», ya que según la cláusula mencionada sería el Estado español quien estaría pagando este reembolso. Las principales demandas son el cierre definitivo de la plataforma Castor y la exigencia de responsabilidades. «Se deben explorar los diferentes motivos por los que la deuda generada por Castor podría considerarse ilegítima y, en consecuencia, exigir el no pago de esta deuda», explica Mónica Guiteras del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Para la mayoría de la población, hasta septiembre de 2013, el Proyecto Castor era desconocido. Actualmente, en cambio, la compleja situación ambiental, social y financiera que afronta este controvertido proyecto le ha llevado a una posición mediática que ahora preocupa a la opinión pública, pero sobre todo a la clase política a nivel del Estado español y a las instituciones financieras europeas. Mientras los interrogantes que despierta el proyecto no se aclaran, la gravedad de la situación empeora a medida que pasa el tiempo, sin que el Gobierno español se posicione al respecto a pesar de tener suficientes herramientas sobre la mesa desde hace meses (como es el caso de la auditoría de DNV, con datos filtrados pero que aún no se ha hecho pública, y el informe del IGN).
Las carta puede consultarse en: http://bloc.odg.cat/wp-content/uploads/2014/05/Respuesta-al-BEI-sobre-Proyecto-Castor_Esp.pdf
