• Ecologistas en Acción considera muy insuficientes las 230 medidas presentadas por PSOE y Sumar en la búsqueda de la conformación de gobierno.
• Para la organización ecologista el acuerdo tiene aspectos positivos, pero sigue apostando por el crecimiento de la economía y de las empresas, lo que supone agravar la crisis ecológica y social, no aborda con suficiente ambición la emergencia climática y obvia la pérdida de biodiversidad.
• Por otro lado, la organización se congratula de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que cargó en su fallida investidura contra el ecologismo, no consiguiera ser investido presidente junto a la ultraderecha, pues habría supuesto un enorme retroceso ambiental y social, así como un aumento exponencial de la represión y del control social.

A sabiendas de que un acuerdo de gobierno es un documento flexible y genérico, Ecologistas en Acción considera que el acuerdo de gobierno alcanzado por PSOE y Sumar, si bien contempla medidas que pueden suponer mejoras puntuales que palien la grave crisis social y ambiental actual, sigue estando muy lejos de las necesidades que tiene la sociedad española en este momento histórico, marcado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el crecimiento de la desigualdad social y el aumento de la militarización, la guerra y la represión.

En estas circunstancias la organización ecologista considera que el acuerdo carece de ambición, omite medidas fundamentales y no afronta la complejidad de la crisis por lo que, de ser llevado a cabo, no solucionará los problemas socioambientales.

Ecologistas en Acción celebra el aumento de la progresividad fiscal y el avance en la fiscalidad verde. Sin embargo, en materia económica, el crecimiento sigue siendo un dogma que el acuerdo refuerza desde sus primeras páginas, así como la internacionalización de las empresas, el ingrediente fundamental del modelo de globalización neoliberal. En un mundo limitado, en el que ya se consumen más recursos de los que pueden soportar los ecosistemas, seguir apostando por el crecimiento de la economía y de las empresas supone agravar la crisis ecológica y social.

La organización cree que la necesidad de que las empresas sigan dando beneficios ha secuestrado la transición ecológica, como muestra el actual despliegue de energías renovables que ha obviado los criterios ecológicos para atender a la especulación. En un momento de pérdida adquisitiva de la población más vulnerable, un estudio del FMI de julio de 2023 recogía que los beneficios empresariales son responsables de un 45% de la subida de los precios, por encima del encarecimiento de las materias primas. Por ello, todo acuerdo que pretenda abordar la transición ecológica con una perspectiva de equidad social debe comenzar cuestionando el crecimiento económico y el reparto de beneficios empresariales, así como los tratados comerciales internacionales, que promueven el monocultivo industrial, la deslocalización de la producción y la pérdida del pequeño comercio local. Sin estos mimbres «impulsar una transición ecológica justa” anuncia un claro continuismo con el enfoque del capitalismo verde, en la que las elites acaparan la riqueza y donde el decrecimiento y reparto en el consumo de energía y materiales no aparece ni retóricamente.

Resulta muy preocupante que el acuerdo PSOE-Sumar no incluya ninguna mención a la necesidad de aplicar en España la Estrategia de la Unión Europea de Biodiversidad para 2030 y, lo que todavía es más grave, la necesidad de aplicar durante la presente legislatura el Marco Global Kunming-Montreal. Se trata de un acuerdo mundial, firmado por España, que incluye la Visión 2050 de “vivir en armonía con la naturaleza” y 23 metas orientadas a detener la pérdida de biodiversidad mediante la adopción de medidas urgentes hasta 2030.

Ecologistas en Acción considera que para lograr el cumplimiento de este acuerdo global es esencial que el próximo gobierno apruebe una hoja de ruta detallada que favorezca la participación de todas las administraciones españolas, y que debería incluir medidas básicas como modificar o eliminar los incentivos perversos para la biodiversidad, adecuar las políticas sectoriales a la conservación de la naturaleza, reducir sustancialmente la utilización de plaguicidas y fomentar la renaturalización de las ciudades.

La destrucción de la naturaleza está teniendo graves consecuencias para muchos sectores económicos, para la salud humana y para nuestra propia supervivencia. Por ello, frenar la pérdida de biodiversidad debería convertirse en la prioridad de esta legislatura. Durante las últimas décadas, con gobiernos de diferente color, no se le ha prestado la necesaria atención.

Una de las nuevas amenazas a la biodiversidad es el auge de la minería ligada a la digitalización. La primera aparece en el acuerdo como algo a impulsar acríticamente, obviando los requerimientos de materiales y energía para llevarla a cabo, así como el aumento de los problemas derivados del aumento del control social. También el impulso de las energías renovables supone un mayor requerimiento de materiales. Por ello, no parece de recibo que la minería no forme parte del acuerdo. Un mínimo sería recuperar la propuesta de ley de minas presentada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la legislatura anterior, para derogar la ley de minas preconstitucional actual.

También es llamativa la falta de menciones al Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que debe aprobarse durante la Presidencia Española del Consejo de la UE. Para la naturaleza española es esencial contar con un Reglamento de Restauración de la Naturaleza exigente, y que el gobierno español apruebe poco después de la aprobación del Reglamento un buen Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza.

En materia energética Ecologistas en Acción considera el acuerdo muy continuista con la política llevada a cabo los últimos años y, por lo tanto, lejos de la ambición que requiere la lucha contra el cambio climático. Aunque menciona expresamente que se elevará la ambición, los objetivos concretos son los mismos que los planteados por el PNIEC, alejados de la reducción de un 50% de las emisiones para 2030 respecto a los valores de 1990 que recomienda la comunidad científica. Es cierto que se concretan algunos problemas que el movimiento ecologista lleva años reclamando, como la compatibilidad con la biodiversidad, el crecimiento del autoconsumo, la planificación del hidrógeno o la transformación industrial, pero se sigue insistiendo en aspectos no deseables como la redacción del permitting (aceleración de implantación de renovables sin suficientes garantías de participación pública) y no se concreta cómo se va a poner coto al oligopolio, que de facto controla el mercado e impide la puesta en práctica de estas propuestas. Asimismo, es una omisión importante que no se hable de medidas necesarias como el fin del gas.

En materia de transporte hay algunos aspectos positivos como las medidas –sin concretar– para impulsar el transporte ferroviario, tanto de personas como, especialmente, de mercancías. También se valora positivamente la propuesta de incrementar el parque de vivienda pública hasta el 20%, que puede tener un efecto muy positivo en la reducción de desplazamientos obligados, si se facilita que las personas puedan vivir cerca de donde trabajan, estudian, o cuidan. Puede suponer una reducción de los impactos negativos del transporte la potenciación del comercio local y de los productos con menor huella de carbono, como promueve uno de los puntos del acuerdo, pero eso es incompatible, como se decía anteriormente, con la externalización de las empresas; el comercio global ahoga a la pequeña producción local.

Sin embargo, el acuerdo tiene graves carencias en materia de transporte: Más que subvencionar títulos de transporte hace falta una verdadera ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte público que favorezca a las clases más vulnerables. Tampoco aborda el necesario abandono del modelo basado en el coche privado. En cambio, fomenta la compra del coche eléctrico, que no es extensible a toda la población. El acuerdo no dice nada sobre contaminación atmosférica o reducción de emisiones asociadas al transporte en ciudades. Tampoco se menciona la recuperación de las líneas nocturnas de ferrocarril. Presenta una medida estelar reclamada por el movimiento ecologista: la prohibición de los vuelos cortos pero, en la práctica, dado que incorpora los vuelos de conexión con aeropuertos hub, la medida queda como algo puramente testimonial.

En materia de urbanismo no menciona ni una sola vez la palabra ciudad. En un momento en el que numerosos ayuntamientos están construyendo conurbaciones al servicio de intereses financieros y negando el derecho a la ciudad, se hace imprescindible reivindicar ciudades diseñadas para servir a las necesidades ciudadanas. En los últimos años, la mayoría de las comunidades autónomas están legislando en contra de la sostenibilidad urbana para vender la ciudad como un activo inmobiliario. Los negocios turísticos y hosteleros desplazan al uso residencial y expulsan a sus habitantes a los extrarradios o a las coronas metropolitanas, haciendo cada vez más inaccesible el derecho a la vivienda. También es clave proteger el poco litoral que queda sin masificar y poner coto a nuevos proyectos urbanísticos, a través de un plan de protección de nuestras costas, que aspire por otro lado al vertido cero y la contaminación cero. En el acuerdo no existen medidas de corrección de los problemas urbanísticos, y los de accesibilidad a la vivienda se derivan a la ley de vivienda de la pasada legislatura, que supuso una gran decepción por su incapacidad para detener el mercado especulativo.

Al mismo tiempo, en el suelo rural, van desapareciendo los usos propios (agropecuario, forestal) y se van sustituyendo por usos vinculados al turismo (hostelería, espectáculos) que van degradando los valores naturales y dificultan la convivencia en los núcleos urbanos tradicionales. El avance del urbanismo disperso y expansivo continúa siendo un grave problema para la gestión municipal y para la extinción de incendios forestales. Aunque es necesario poner freno a esta dinámica, el acuerdo no menciona nada al respecto.

En materia agrícola, ganadera y de pesca, el acuerdo recoge propuestas interesantes como la promoción de la agroecología, la promoción de la ganadería extensiva o la limitación del regadío. Ecologistas en Acción recuerda que, en un contexto de emergencia climática, el regadío debe reducirse más allá de los pozos ilegales, pues de otra manera no se cumplirán los caudales ecológicos y se esquilmarán los acuíferos. Hay que recuperar los cultivos tradicionales de secano que en la actualidad funcionan en regadío. Asimismo, las medidas de apoyo a la agroecología y ganadería extensiva no pueden funcionar sin poner coto a la agroindustria y a la agricultura de exportación.

En materia de pesca se incluyen medidas relativas al fomento de la alimentación de pescado sostenible o un plan de descarbonización de la flota pesquera que se consideran convenientes, pero desde la perspectiva del medio marino el plan es muy deficiente. En primer lugar, faltan medidas que aseguren la conservación de la biodiversidad marina, dotando los recursos necesarios para cumplir con los compromisos de protección del 30% de la superficie marina en las aguas españolas –el 10% de forma estricta– donde los espacios marinos protegidos se acompañen de planes de gestión eficaces y adaptativos, desarrollados de manera participativa, con objetivos claros y presupuesto suficiente.

Para Ecologistas en Acción es fundamental darle prioridad a la implementación de la nueva ley de pesca sostenible e investigación pesquera (Ley 5/2023), en especial cumpliendo con el compromiso de la aprobación del Real Decreto sobre el reparto de las oportunidades de pesca justo, que incentive una pesca más responsable ambiental y socialmente al considerar el impacto sobre el ecosistema y el beneficio a las comunidades pesqueras y sus trabajadores. Por último, y también en línea con la implementación de la ley de pesca, se echa en falta una medida que garantice la ejecución del Plan Nacional para la Reducción de las Capturas Accidentales en la Actividad Pesquera, incluyendo en el mismo a uno de los grupos de especies más vulnerables a la pesca accidental: los tiburones.

Para concluir el análisis, ante el auge de la militarización, del control social y de la represión a los movimientos sociales, Ecologistas en Acción considera necesario dar un giro de 180 grados a esta deriva autoritaria. Por ello es una buena noticia que el acuerdo contemple la derogación de la Ley Mordaza, aunque esta medida también estuvo contemplada en el acuerdo de la pasada legislatura y no llegó a materializarse. Pero es muy grave y decepcionante que no se contemplen medidas de reducción del gasto militar –que se encuentra en máximos históricos– y de promoción de la cultura de paz.

Satisfacción por la no investidura de Núñez Feijoo

Ecologistas en Acción celebra que, en el primer intento de investidura, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo no lograra formar gobierno con su proyecto de anular los avances en la lucha contra el cambio climático y contra las violencias machistas. Según Luis Rico, coordinador de la organización: “Feijóo fue protagonista de un bochornoso espectáculo en el que además de tratar de conformar un gobierno negacionista y machista, responsabilizó al activismo ecologista de los problemas que atraviesa este país. Nos congratulamos de que una persona tan abyecta y mezquina, que está ejerciendo de puerta de entrada del ecofascismo, no tenga las riendas del ejecutivo”.

Sin embargo, para el colectivo ecologista, este hecho no es razón para la euforia ya que, a largo plazo, si no se abordan los necesarios cambios de una transformación ecológica profunda que respete los límites de los ecosistemas y revierta la desigualdad corre el riesgo de parchear, pero no corregir, los principales problemas actuales, aumentando el descontento social y creando un caldo de cultivo en el que el populismo de derechas pueda seguir aumentando.