• El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que 1,3 millones de personas estuvieron expuestas en 2023 en Euskadi a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por el Parlamento Europeo.

• En el segundo año más cálido desde 1961, se produjeron diversos episodios de contaminación por partículas y por ozono, presentando las peores situaciones por estos contaminantes el Bajo Nervión, Donostialdea y las Cuencas Interiores.

• Las áreas urbanas de Bilbao y Donostia incumplieron el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero las ciudades vascas, excepto Bilbao (en su ‘almendra central’), no han implantado las obligadas zonas de bajas emisiones, vencido hace año y medio el plazo legal para ello.

 

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 785 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 57 situadas en el País Vasco. Entre sus principales conclusiones, destacan:

 

– Durante 2023 la calidad del aire en País Vasco ha mejorado respecto a los años 2022 y anteriores a la pandemia, con una reducción significativa de los niveles de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico, en porcentajes que oscilan entre el 2 % y el 69 % respecto a los promedios del periodo 2012-2019.

 

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los nuevos valores límite aprobados por el Parlamento Europeo el pasado 26 de abril, que deberán alcanzarse antes de 2030. De acuerdo a esos umbrales, el aire contaminado afectó en 2023 a más de la mitad de la población vasca, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos años para alinearse con la nueva legislación.

 

– Considerando la normativa todavía vigente, no hubo población que respirara aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los obsoletos límites legales actuales.

 

– Y si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó en 2023 a la totalidad de la población y del territorio vascos.

 

– El año 2023 fue seco y el segundo más cálido en España desde al menos 1961. La estabilidad atmosférica activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. El alto calor estival contribuyó al aumento del ozono, en especial durante las olas de calor de julio y agosto. El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire.

 

–El factor esencial para explicar la caída de la contaminación atmosférica durante 2023 es la evolución de la actividad económica tras la pandemia de la COVID-19. El consumo de combustibles fósiles y electricidad se redujo el año pasado y las fuentes renovables cubrieron más de la mitad de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas de gas, estando cerradas la mayoría de las de carbón, las más contaminantes.

 

– Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la mayoría de la población vasca. Las partículas PM10 y PM2,5 presentaron las peores situaciones en el Bajo Nervión y Donostialdea. Las áreas urbanas de Bilbao y Donostia incumplieron el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Y el ozono afectó a las áreas suburbanas y rurales del Litoral, los Valles Cantábricos y las Cuencas Interiores.

 

– La contaminación del aire debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2021 fallecieron prematuramente hasta 21.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, en torno a 1.500 de ellas en el País Vasco, según el Instituto de Salud Global. Los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan según el Banco Mundial 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español.

 

– Ecologistas en Acción ha realizado en 2024 una campaña de medición en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de las localidades de Basauri, Etxebarri y Galdakao, con el resultado de que la población infantil está a menudo expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire. Lo que además cuestiona su correcta ubicación.

 

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente, pero una decena de Comunidades Autónomas siguen incumpliendo su obligación de elaborarlos para rebajar el ozono en las zonas donde se exceden los objetivos legales. El Gobierno Vasco sigue incumpliendo su obligación de aprobar un plan de lucha contra la contaminación por ozono en la zona Valles Cantábricos, al sur del territorio de Álava.

 

– Vencido hace año y medio el plazo para que todos los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, Barakaldo, Donostia, Getxo, Irun y Vitoria no han implantado las obligadas zonas de bajas emisiones, pese a los abundantes fondos europeos que están recibiendo para ello. En el caso de Bilbao, la ordenanza en vigor es claramente mejorable ya que el objetivo principal debe ser la reducción de emisones en el conjunto de la ciudad.  Los ayuntamientos de estas ciudades tampoco se han dotado de protocolos de actuación frente a los episodios de mala calidad del aire.

 

– La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público limpio. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión, designar un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Atlántico Noreste, y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas.