El medio ambiente ocupa un lugar subsidiario para el Gobierno foral

Ekologistak Martxan Estella-Lizarra, Ekologistak Martxan Pamplona-Iruña y Ecologistas en Acción de La Ribera.

La situación ambiental de Navarra se viene degradando vertiginosamente en los últimos años. Hemos pasado de una situación destacada en algunas áreas en los años 80 y 90 del siglo XX, a un panorama desolador, con una gestión ambiental en caída libre.

Las partidas presupuestarias dedicadas a la gestión ambiental en Navarra no pueden ser más elocuentes de la prioridad que tiene el medio ambiente para el Gobierno foral. Después de varios años de recortes y con presupuestos prorrogados, la partida económica se redujo un 9,1% en 2014 respecto a 2013. En 2014 los gastos previstos en medio ambiente, 17,7 millones de euros, solo eran el 0,47% del presupuesto total del Gobierno de Navarra. Pero para más inri, en 2013 solo se gastaron el 58,5% del presupuesto previsto y en 2014 llevamos un camino parecido. Por ejemplo, de los 155.000 € destinados a parques naturales a finales de octubre solo se habían ejecutado 18.228 €.

La disminución de la plantilla del guarderío forestal, el cierre del Crana (Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra, centro pionero y referente en cuanto a participación y educación ambiental), 1.200 MW en centrales térmicas, el abandono de los centros de interpretación de los Espacios Naturales Protegidos, la no declaración de ningún nuevo espacio protegido desde 2004, la rápida degradación de los paisajes de secano por las transformaciones de regadío del Canal de Navarra o un Plan de Recuperación del Oso Pardo que parece conformarse con que solo osos machos se paseen por Navarra, son otros botones de muestra esclarecedores (ver cuadro 1).

Coincidiendo con el desmantelamiento de la política ambiental y su asfixia económica, resulta sorprendente la proliferación de proyectos de explotación de materias primas del subsuelo con la complacencia o apoyo explícito del actual Gobierno de UPN. Navarra que ha presumido de tener la tasa de industrialización más alta del Estado y la apuesta por nuevas tecnologías como la fabricación de equipos para producción de energías renovables, pasa a vender sus recursos naturales no renovables al mejor postor (ver cuadro 2). Nuestro Gobierno apuesta por una extracción de materias primas que es “pan para hoy y hambre para mañana” y que degradará irreversiblemente un territorio que siempre ha destacado por la calidad y extensión de sus áreas naturales, por la producción de alimentos de calidad y el turismo ligado al paisaje y la biodiversidad.

Apuesta por el extractivismo

Magnesitas de Navarra S.A., ahora en manos del grupo francés Roulier, sigue empecinado en abrir una nueva cantera a cielo abierto en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Belate, de la Red Natura 2000, ahora en Zilbeti-Valle de Erro y antes y en un futuro en Erdiz-Baztán, recurriendo incluso a la coacción en los municipios afectados. Sorprendentemente, la administración sigue alimentando estos proyectos en vez de paralizarlos, y recientemente se ha renovado la DIA positiva.

En el mismo ZEC un proyecto de cantera de sílice amenaza al monte Mendiaundi de Espinal-Aurizberri. Además, la empresa Geoalcali, filial de un grupo australiano, está ya realizando sondeos para volver a explotar potasa en el entorno de la sierra del Perdón-Erreniega y la zona de Javier, afectando a 21 municipios. En esta última ya han manifestado su interés por iniciar la explotación en 2015. Potasas de Subiza cesó su actividad en 1996 y todavía se sufren sus impactos en la zona de Pamplona y el entorno del Perdón.

En materia de residuos, gracias a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anula el Plan de Residuos aprobado por el Gobierno de Navarra y la falta de fondos, se descarta el proyecto antes defendido de creación de una gran incineradora. Sin embargo, sí sigue adelante la valorización energética que la empresa de cementos Portland pretende realizar en Olazti, y que ha generado otro masivo movimiento de oposición en la zona durante los últimos años. Si bien todavía no se ha comenzado la incineración, la cementera cuenta ya con todos los permisos necesarios.

Quizás relacionado con esta dura amenaza a la salud pública, es en esta misma zona (Sakana) donde sus instituciones han apostado por la recogida de residuos “puerta a puerta”, lo que significa un notable incremento del porcentaje de reciclaje. Por ello, sorprende la persecución de este método realizado en varios municipios de la Sakana, por parte del Gobierno navarro y algunos grupos políticos como UPN, PP, PSN y Geroa Bai.

Infraestructuras ruinosas e impactantes

Sin embargo, sigue la apuesta autodestructiva por las grandes infraestructuras, que han sido un foco de corrupción y las causantes de buena parte de nuestra ruina económica, social y ambiental, como el TAV, el embalse de Yesa, la LAT o el Canal de Navarra (ver cuadros 3 y 4). Yesa sigue adelante, a pesar de los graves problemas de seguridad en sus laderas, sin unos fines claros salvo el posible aporte de agua a futuros trasvases.

El Canal de Navarra y sus nuevos regadíos están fagocitando la mayor parte de los fondos del Plan de Desarrollo Rural con una apuesta clara por una agricultura industrializada y de grandes grupos agroalimentarios, mientras se destruyen los regadíos tradicionales y se ponen en peligro el fin social de los comunales (los ayuntamientos tendrían que endeudarse para asumir la gran inversión inicial necesaria o ceder largos periodos de tiempo a manos privadas estos terrenos).

Con la ampliación del Canal se ha proyectado una zona regable en las vegas de los ríos Ega y Arga de más de 15.000 hectáreas (ver cuadro 5). La ciudadanía se opone, entre otros municipios en Lerín, donde la Plataforma en defensa del regadío tradicional ha realizado una consulta en la que los/as propietarios/as han decidido que no quieren la llegada del agua del Canal [1]. Ekologistak Martxan-Ecologistas en Acción, la Fundación Sustrai Erakuntza y la Plataforma URA Nueva Cultura del Agua hemos presentado una denuncia contra la Dirección General de Desarrollo Rural por la aprobación de la concentración parcelaria de un sector de la ampliación de la primera fase del Canal que se ha realizado incumpliendo las condiciones de la DIA, que determina la redacción de un Estudio de Afecciones Ambientales previo a la concentración.