- La organización ecologista ha desarrollado durante años una intensa campaña para frenar la deforestación a nivel mundial, causada por la expansión de la frontera agrícola en regiones tropicales y ecuatoriales, las más biodiversas del planeta.
- Desde hace décadas, la expansión de monocultivos industriales en países tropicales y ecuatoriales de América, África y el sudeste asiático está provocando gravísimas pérdidas de extensión de los bosques, agravando la crisis climática y de biodiversidad.
- Ecologistas en Acción enmarca la alarma sobre esta situación en su campaña ‘Sin biodiversidad no hay vida’.
El Reglamento europeo de Deforestación (EUDR) tiene por objetivo que la economía europea no provoque deforestación en ningún lugar del planeta, como contribución europea a la lucha contra el cambio climático y la crisis de biodiversidad. Este reglamento, aprobado en junio de 2023, debe aplicarse plenamente a partir del 30 de diciembre de 2024, y afecta a cualquier actividad comercial de las siete materias primas incluídas hasta ahora: soja, aceite de palma, café, cacao, caucho, madera y ganado bovino. El EUDR obliga a garantizar la trazabilidad de cualquier partida de esos siete productos hasta su parcela de producción, garantizando que no proviene de zonas deforestadas y que se ha producido siguiendo la legislación nacional.
En el Estado español, son las comunidades autónomas las competentes en la aplicación del EUDR. La legislación les genera la obligación de asistir a los operadores (empresas) en la adaptación a la norma, a establecer planes anuales de controles para comprobar la veracidad de las Declaraciones de Diligencia Debida que presenten las empresas, a presentar informes regulares ante el público y la Comisión y a aplicar medidas correctoras y/o sancionadoras. Para ello, deben disponer de los medios humanos, económicos y técnicos suficientes que les permita afrontar con garantías este gran reto.
Ecologistas en Acción ha solicitado información a las 17 comunidades autónomas, y ha llevado a cabo durante junio diversas reuniones con algunas de las que representan un mayor porcentaje en el consumo de materias primas afectadas por el EUDR, en concreto con la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Aragón. El resultado es preocupante. La inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos ni siquiera disponen de una unidad técnica capacitada para cumplir con sus funciones, y no han dotado absolutamente ningún recurso extra (a excepción de la Junta de Andalucía).
Estos retrasos son preocupantes y vuelven a poner a España muy por detrás de otros países europeos como los Países Bajos, los cuales disponen ya de una unidad administrativa con un fuerte presupuesto y personal específico, además de protocolos de trabajo.
Es cierto que el Gobierno español, en concreto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dirigido por Teresa Ribera, debe establecer protocolos comunes de comunicación y llevar al Congreso de los Diputados una propuesta de ley para aprobar el procedimiento sancionador del EUDR en España. Pero esta demora del ministerio no es excusa para que las comunidades autónomas fallen en cumplir con sus obligaciones legales. Los retrasos más los obstáculos que están poniendo algunos sectores empresariales pueden dificultar la aplicación del reglamento de forma uniforme y armonizada en la UE, lo que llevaría a fracasar en el objetivo de detener la deforestación.
