Se agota el tiempo, sí, mientras nuestras sociedades naufragan… Valga un solo ejemplo impresionante de este comienzo de 2024, que retrata el nihilismo dominante en toda su crudeza: en Groenlandia, cuyos glaciares se deshacen por el calentamiento global, un empresario ha tenido la idea de vender hielo de estos glaciares a los bares de cócteles más exclusivos de los Emiratos Árabes Unidos, ese petroestado que contribuye como pocos a realimentar la catástrofe climática.

Éste es el mundo demencial donde millones de personas tratan de impulsar un cambio de rumbo mediante múltiples formas de protesta ecologista y climática (protesta acompañada casi siempre de propuesta); pero también el mundo donde estas acciones se enfrentan a una represión creciente en muchos países, incluido el nuestro.

En la primavera de 2022, durante una semana larga de movilizaciones impulsadas a nivel internacional por Rebelión Científica, se organizaron diversas acciones reivindicativas. También en Madrid, donde participaron un centenar de personas vinculadas a varios colectivos ecologistas. La protesta, el 6 de abril de 2022, hace exactamente dos años, consistió en acercarse estos grupos de activistas sin ser descubiertos al Congreso de los Diputados y verter un líquido biodegradable de color rojizo (“sangre falsa”), que se limpia fácilmente, en las escaleras del Congreso. La acción quería poner en el centro de atención el último informe del IPCC, y mandar un mensaje claro al Gobierno y otras autoridades: la ciencia se está rebelando ante una acción insuficiente.

La Policía Nacional retiró al grupo de participantes en la protesta en poco tiempo e identificó a una parte de ellos. A pesar de que no hubo detenciones in situ, se activó un protocolo de búsqueda y captura para 15 de las activistas, que fueron llamadas a comisaría meses después del acto, y luego tuvieron que prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid (Plaza de Castilla).

En un principio la cosa parecía gravísima: la Policía acusó de haber detenido las actividades parlamentarias, lo cual apuntaba a una posible causa “antiterrorista” y que el caso hubiera acabado en la Audiencia Nacional. Finalmente no fue así. Fueron decayendo las acusaciones iniciales, como la de detener la actividad del Congreso o la resistencia a la autoridad, y quedó sólo en firme la acusación de daños al patrimonio histórico, por la que la Fiscalía de Madrid pide 21 meses de cárcel y una multa común de 3.300 euros. Estas 15 personas se hallan ahora a la espera de juicio oral: un caso más entre otros muchos que documentan la creciente erosión del derecho a la protesta democrática.

La represión policial de las protestas y acciones de desobediencia civil frente a la emergencia climática va en aumento, sumándose a otras formas de hostigamiento y violencia que sufren personas y colectivos comprometidos con la defensa de la vida en la Tierra. Violencia que en muchos casos, en el Sur global, desemboca en graves violaciones de los derechos humanos y en asesinatos.

El Consejo de Ministros de nuestro Gobierno aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España en enero de 2020. Pero, pese a que la situación objetiva empeora cada vez más y las perspectivas de un planeta Tierra inhabitable (para seres como nosotros) empeoran, ni el Gobierno ni el Congreso ni otras instituciones están actuando de manera adecuada frente a esos peligros. La enorme desproporción entre la situación de emergencia y la ausencia de respuestas adecuadas lleva a acciones como la del 6-A de 2022 en la Plaza de las Cortes.

Hoy estamos aquí para apoyar a todas las activistas objeto de represión y para reclamar el cambio sistémico que nuestras sociedades necesitan para evitar que la Tierra se convierta en un infierno climático.