1 – Paralización del proyecto de embalses en los ríos Baker y Pascua en Patagonia chilena
2 – Exito de la “Semana de movilización contra la impunidad y el poder corporativo”: resolución de la ONU para frenar violaciones de transnacionales y Tribunal Permanente de los Pueblos
3 – Nuevo vídeo:»€uroestafa» (www.euroestafa.com)
4 – Libertad para Marco Antonio Suastegui. No al embalse La Parota.
1 – El proyecto de embalses en Patagonia chilena (ríos Baker y Pascua) Hidroaysén invalidado – Este proyecto (y otros grandes embalses) fue financiado por el BBVA durante varios años.
El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, anuncia la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental que poseía Hidroaysén e invalida el proyecto.
2 – Exito de la “Semana de movilización contra la impunidad y el poder corporativo”
El Tribunal Permanente de los Pueblos escuchó los impactantes testimonios de las comunidades afectadas, en la víspera de una votación histórica en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pasado 23 de junio, las representaciones de las comunidades afectadas por las actividades de Glencore, Chevron, Shell y Coca-Cola, entre otras, presentaron casos que demuestran las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales (ETN). Los casos reflejan un patrón de violaciones sistemáticas del acceso a la justicia de las víctimas de persecución, intimidación, asesinato y destrucción del medio ambiente por parte de las ETN.
Exito de la “Semana de movilización contra la impunidad y el poder corporativo”
La “Semana de movilización contra la impunidad y el poder corporativo” se salda con buenos resultados cuando el 26 de junio la ONU aprobó una resolución histórica para frenar las violaciones de Derechos Humanos por transnacionales. La propuesta hecha por 610 organizaciones de todo el mundo contó con los votos en favor de delagados de 20 países y 14 en contra.
Ekologistak Martxan se dirigió a los delegados intenacionales en la ONU para que apoyara la demanda de los movimientos sociales para que la ONU adopte acciones vinculantes frente a las violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales.
Mientras, se denunció las patética declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, José García Margallo, que demuestra cual es la postura del gobierno, colocando a los intereses de las transnacionales por encima de los derechos humanos y ambientales: “las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas decisiones para instalarse”. García Margallo hizo esas declaraciones en la jornada celebrada el martes en Madrid bajo el nombre «El Valor de las Multinacionales Extranjeras en España». Sus palabras son reflejo de la posición de los países de la Unión Europea ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se reúne esta semana en Ginebra, en la que se pretende aprobar una resolución para crear un grupo intergubernamental que diseñe un instrumento internacional vinculante frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y los inversores internacionales. Los representantes de la UE y EEUU, donde muchas de las grandes empresas tienen su sede social, obviamente se oponen.
En este mismo sentido, durante esta semana en Ginebra, movimientos y organizaciones sociales así como comunidades afectadas por crímenes sociales y ambientales han presentado en una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales. Como las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Cocacola en Colombia. Al mismo tiempo ha sido presentado el caso de la empresa española Hidralia en Guatemala y sus conflictos en la comunidad de Santa Cruz Barillas, y están vinculadas al asesinato de un líder comunitario y la detención arbitraria de 12 miembros de la comunidad. Mientras, el Gobierno Español no solo ha hecho oídos sordos, sino que apoya a la empresa en su proyecto inversor que viola el Acuerdo Internacional de Derechos Humanos.
Las organizaciones sociales del Estado español presentes en Ginebra durante la “Semana de movilización contra la impunidad y el poder corporativo” exigen a la Unión Europea que se abstenga de bloquear la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica y cerca de 80 países, especialmente del Grupo ALBA y G77, que propone la creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar urgentemente normas internacionales vinculantes para acabar con los abusos de los derechos humanos a manos de las empresas transnacionales y otros inversores.
La audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Ginebra muestra como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el marco político de Naciones Unidas como el Global Compact y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos no sirven sino para encubrir las graves violaciones a los derechos humanos por empresas transnacionales en el mundo. Por ello las organizaciones exigen que la Unión Europea apoye un tratado vinculante que ponga fin a la arquitectura de la impunidad que encubre las actividades y los intereses del poder corporativo.
Organizaciones firmantes de este comunicado:
- Amigos de la Tierra
- Col•lectiu RETS
- Ecologistas en Acción/Ekologistak Martxan
- Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
- Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
- HEGOA-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
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