• La Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 3 de Gasteiz habían visto indicios de un delito de prevaricación, tras una denuncia interpuesta por 4 personas en abril de 2022

• Ekologistak Martxan considera que no se ha realizado una investigación suficiente y en profundidad de los hechos y anuncia que seguirá oponiéndose a un proyecto de industria contaminante en un entorno urbano muy poblado

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado el pasado 6 de febrero un Auto por el que acuerda el archivo de la causa abierta contra Amaia Barredo (en su momento Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno vasco y actualmente Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca) por un presunto delito de prevaricación administrativa en la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la empresa Valogreene Paper SL para una planta “de producción de material calcáreo” (en realidad se trataba del tratamiento de casi 150.000 toneladas de residuos de la industria papelera vasca) en Bergara.

La denuncia había sido presentada en abril de 2022 por cuatro personas, vecinos y ecologistas, ante la Fiscalía de Álava contra la propia Amaia Barredo y Javier Aguirre Orcajo (entonces Director de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco y actualmente en la Agencia Vasca del Agua URA) por entender que la AAI había sido concedida contra el Informe urbanístico del Ayuntamiento de Bergara que afirmaba su incompatibilidad con el planeamiento urbanístico municipal. La Fiscalía también advirtió indicios de delito y en abril de 2023 remitió la causa al Juzgado de Instrucción 3 de Vitoria-Gasteiz. Tras practicar diversas investigaciones, en junio de 2024 el Juzgado dictó un auto de inhibición, dada la nueva condición de aforada de Amaia Barredo, al ser nombrada Consejera del Gobierno vasco. Ello avalaba con una nueva opinión la existencia de indicios delictivos. El 25 de enero de 2025 ese Juzgado envió al TSJPV una exposición razonada del presunto delito.

Ahora la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, sin practicar ningún tipo de diligencia de investigación nueva o complementaria, ha decidido archivar la causa contra Amaia Barredo, por entender que no existen indicios delictivos en la Resolución administrativa de concesión de la AAI. Sostiene la Sala que se trata de un debate jurídico “sin que existan indicios del dictado por parte de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental de una resolución arbitraria y diametralmente opuesta a las normas jurídicas, estando apoyada en una argumentación técnico jurídico no exenta de racionalidad y que persigue una finalidad legítima, absolutamente ajena a la voluntad particular de la autoridad que la dictó y sin que se advierta una desviación de poder en su dictado”. Concluye que ahora “corresponderá a la Sala de lo contencioso administrativo determinar si la resolución incurrió en una ilicitud administrativa o no”, pero ello no afectará a la resolución penal. En definitiva, que estamos ante una cuestión de interpretación jurídica, que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ecologistas en Acción presentó en noviembre de 2022 un Recurso contencioso-administrativo contra la AAI y la Declaración de Impacto Ambiental favorable, que se retomará ahora tras haber estado paralizado hasta la resolución de la controversia penal. La organización ecologista asegura que seguirá solicitando la anulación de los permisos de la industria.

Para Ekologistak Martxan “se trata de una mala y sorprendente noticia, pues el archivo se basa casi exclusivamente en las declaraciones de las personas investigadas sin tener en cuenta otras pruebas (especialmente las documentales) practicadas por el Juzgado de Instrucción y las que la propia Sala pudiera y debiera haber practicado”. Se interrumpe una investigación judicial en marcha (al obtener una investigada la condición de aforada) y se le da carpetazo en el Tribunal Superior sin más trámite ni investigación.

El TSJPV da más valor a las declaraciones de los investigados que a los Decretos del Ayuntamiento de Bergara que declararon la incompatibilidad urbanística del proyecto, y que por tanto su tramitación se debería haber archivado según la normativa que regula las AAI, acción que no realizaron los investigados. “Teniendo en cuenta que las personas investigadas están en su derecho a no decir la verdad y ocultar cuanto pudiera perjudicar a su defensa, parece escaso bagaje probatorio para archivar de plano una investigación penal”.

El Auto es recurrible por parte de la Fiscalía de Vitoria ante la propia Sala del TSJPV y en la organización ecologista confían en que así lo hará, teniendo en cuenta su propia valoración de la existencia de indicios delictivos y la escasa justificación del Auto ahora dictado. Creen los ecologistas que “resoluciones como la presente ponen en evidencia las dificultades para perseguir determinado tipo de conductas y delitos, especialmente las relacionadas con la protección del medio ambiente. Y tampoco contribuyen a incrementar la confianza ciudadana en la administración de justicia ante determinados delitos y personas”. Parece demasiadas veces que hay distintas “varas de medir”.

En Ekologistak Martxan aseguran que, por su parte, continuarán denunciando el proyecto de Valogreene Paper de Bergara, en los Tribunales y, especialmente, entre la sociedad. Un proyecto que inicialmente se “vendió” como una “planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria”, para transformarse en “producción de material calcáreo” y luego “en actividad de gestión de residuos no peligrosos” o “tratamiento de subproductos de la industria del papel”. Juegos de palabras o maniobras de trileros para esconder un proyecto de industria muy contaminante en medio de un entorno humano densamente poblado.