Si las actuaciones de las empresas transnacionales generan de manera sistemática impactos negativos sobre las mayorías populares y sobre el planeta; si dichas actuaciones, además, suelen quedar impunes gracias a un marco político-jurídico que prioriza los intereses corporativos a los derechos colectivos, necesitamos nuevos espacios que regulen a las grandes empresas en favor del interés general.
Máxime en un momento en el que encauzar democráticamente las necesarias transiciones ecológica, económica y social se convierte en premisa para enfrentar un contexto de profunda crisis y cambio climático desbocado.
Ese es precisamente el objetivo del Centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos. Una nueva estructura de carácter público que fiscalice y rinda cuentas a la ciudadanía vasca sobre las actuaciones de las empresas vascas en el exterior, y evalúe las prácticas del capital foráneo que opera en el territorio de la CAV; que recoja denuncias e instruya de oficio casos vinculados a la internacionalización empresarial; que acompañe jurídica y psicosocialmente a víctimas y poblaciones afectadas; que plantee cambios sociales en las políticas públicas; y que, en última instancia, proponga sanciones a las corporaciones que conculquen el marco internacional de los derechos humanos.
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Un tejido económico popular para proteger al cooperativismo, la clase obrera, la juventud precarizada
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